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El sector energético se encuentra en un momento trascendental: acuciado por el implacable avance del cambio climático que amenaza con cambiar la vida en la Tierra tal y como la conocemos, y sometido a la tensión de las actuaciones para transformar nuestro modelo de generación y abastecimiento de energía para hacerlo sostenible.

La cuenca mediterránea y, particularmente, España están entre las zonas más afectadas por el cambio climático según los informes de los expertos. De ahí que, para la Unión Europea y España, las advertencias de Naciones Unidas acerca del incumplimiento de los países en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero suscrito en el Acuerdo de París de 2015 no se hayan tomado en vano, sino que han servido para agilizar la maquinaria administrativa y establecer medidas con el objeto de limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales, considerando que estamos ante la última oportunidad de colaboración activa para conseguirlo. Entre las actuaciones del gobierno español en este sentido cabe destacar:
 
  • La Declaración de Emergencia Climática y Ambiental en enero de 2020 estableciendo 30 líneas de acción prioritarias entre las que se encuentran la obtención de la neutralidad climática para el año 2050 como tarde, y estableciendo para 2030 una reducción en un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero y un nivel mínimo del 74% de fuentes de origen renovable para la generación eléctrica.
  • La presentación para su tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética en mayo de 2020 que actualmente, se encuentra en debate en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que previsiblemente será aprobada esta primavera.
  • El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que se encuentra en la fase de consulta pública del Estudio Ambiental Estratégico, y define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética hasta 2030.

Para la consecución de unos objetivos tan ambiciosos en tan corto periodo de tiempo como el que se dispone, hace falta impulsar un cambio profundo en nuestro sistema eléctrico y es necesario conseguir una velocidad de implantación que la administración pública no puede conseguir por sí sola sin contar con el empuje y la colaboración activa de los ciudadanos que proporcionen escalabilidad a dicho cambio. Una de las iniciativas más plausibles se está promoviendo a través de las comunidades energéticas locales.

Estas son, según la directiva UE 2019/944, entidades jurídicas formadas por un conjunto de individuos que dentro de una zona geográfica limitada tendrían la posibilidad de consumir, almacenar y/o generar energía, compartir los excedentes de generación con el resto de miembros de la comunidad, comprar y vender energía a otras comunidades energéticas o en los mercados globales individualmente o mediante agregación, y ofrecer servicios de energía a otros agentes del sistema.

La articulación del sistema eléctrico en comunidades energéticas locales está apoyada en tres elementos que aún tienen que desarrollarse para proporcionar el soporte que necesitan las comunidades energéticas:
 
  • La transición del sistema eléctrico actual hacia un sistema de generación distribuida estructurado en zonas donde existe tanto generación como consumo y se dispone de mecanismos para alcanzar de forma autónoma el balance energético en la mayor parte de las situaciones, así como para participar en los mercados eléctricos para comprar la energía eléctrica necesaria para satisfacer la demanda de la comunidad cuando no es capaz de abastecerse de forma independiente o para vender los excedentes de producción.
  • El establecimiento de la figura del agregador que ofrece servicios adicionales a los miembros de la comunidad combinando múltiples cargas de clientes o electricidad generada para comprarla o venderla en los mercados de energía y ofreciendo servicios de eficiencia energética.
  • La creación de mercados locales de electricidad donde participarían las entidades que tengan sus puntos de consumo o vertido a la red dentro de las redes de distribución y que ofrecerían liquidez al sistema y las señales de precio necesarias para proporcionar un funcionamiento eficiente.
En los últimos años se han puesto en marcha algunas iniciativas que facilitan la puesta en marcha de este nuevo modelo de sistema eléctrico, entre las que destacan:
 
  • La incorporación de nuevos elementos al sistema para aumentar su capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, a través del uso de baterías eléctricas como indica la Estrategia de Almacenamiento Energético aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, que prevé disponer de 20 GW en 2030 y 30 GW en 2050. O mediante el uso de Hidrógeno como almacenamiento químico de energía, como se establece en la Hoja de Ruta del Hidrógeno que aprobó el Consejo de Ministros en octubre de 2020.
  • La progresiva distribución de la capacidad de generación a lo largo de la red. Iniciativa que se ha visto auspiciado por el Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que elimina el “impuesto al Sol” y tiene como objetivo mejorar la eficiencia del sistema gracias a la disminución de los recursos necesarios en redes de transporte y centros de transformación, ayudar a alcanzar el equilibrio de la demanda en horas punta y facilitar la recarga de los elementos de almacenamiento en las horas valle.
Y en los próximos meses iremos viendo como aparecen también incentivos y financiación para la implantación de cambios en el sistema eléctrico tales como los patrocinados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno el año pasado a través de las expresiones de interés relativas a comunidades energéticas locales, energías renovables y flexibilidad del sistema energético, infraestructura eléctrica y redes inteligentes y despliegue del almacenamiento energético.

En nuestro entorno próximo ya se han realizado las primeras pruebas con éxito y una gran aceptación por parte de los participantes. El caso más significativo es el del mercado de energía local de Cornualles que durante tres años ha comercializado 310 MWh de energía para más de 200 hogares y empresas en los que se instalaron una combinación de paneles solares y almacenamiento en baterías de pared, se implementaron mecanismos de flexibilidad energética consiguiendo un ahorro de gases de efecto invernadero de casi 10.000 toneladas anuales.

En España, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) junto con el Operador del Mercado Ibérico polo Español (OMIE) están desarrollando el proyecto IREMEL para la Integración de Recursos Energéticos a través de Mercados Locales de electricidad con el objetivo de conocer los requerimientos de flexibilidad, las capacidades de gestión de recursos energéticos distribuidos existentes y crear un grupo de interés formado por entidades que quieran promoverlos. Relacionado con esta iniciativa, OMIE va a desarrollar prototipos de funcionamiento de mercados locales donde contará con la colaboración de BABEL.

La transformación del sistema eléctrico es necesaria para atajar el cambio climático y poco a poco se vislumbra el camino hacia la descarbonización y la consecución de una economía de cero emisiones. Ahora es el momento: disponemos de la tecnología, los medios financieros y tenemos la voluntad de conseguirlo.

Desde BABEL colaboramos como socios tecnológicos con diferentes agentes del sistema eléctrico situados en distintos puntos de la cadena de valor para construir los sistemas de información que darán soporte a este nuevo modelo y estamos deseosos de ampliar nuestra contribución cooperando con otras entidades aportando nuestro conocimiento del sector y nuestra capacidad en el desarrollo de sistemas de información.  
 
Jesús Fernández Revelles
Jesús Fernández Revelles

Gerente en la unidad de Utilities y Energía de BABEL.

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